domingo, 20 de abril de 2014

Semana crucial para el DF

Semana crucial para el DF
Miguel Concha
 
La semana próxima será crucial para el Distrito Federal, pues probablemente se decidirá su futuro como entidad federativa o la continuidad de su actual estatus de ciudadanía incompleta y de ciudad tutelada por la Federación. Como se sabe, no fue hasta 1997 cuando los habitantes del Distrito Federal pudimos elegir a nuestros gobernantes, como etapa última, que no definitiva, de un proceso inconcluso, porque aún no se alcanza la plena ciudadanía de quienes aquí habitamos.

Desde ese año, quienes han ocupado ese puesto han sido figuras políticas nacionales, lo que es signo de la fortaleza política del Distrito Federal, pero también paradójicamente ocasión de debilidad, porque los partidos que en la ciudad son oposición, en el Congreso federal son mayoría, y eso hace que desconfíen en otorgarle autonomía, como la tienen todos los estados, pues suponen que con ello fortalecerían al partido que la gobierna desde hace 17 años. Con este cálculo olvidan que más importante que la pugna partidaria son los derechos ciudadanos, y que más efectiva que la alternancia para mesurar los excesos de la permanencia de un mismo partido en el poder, lo es la participación activa de la ciudadanía.

Desafortunadamente, quienes olvidan lo anterior no son solamente los que se oponen a que los ciudadanos del Distrito Federal tengamos derechos plenos, sino también quienes promueven el cambio del estatus jurídico-político, porque si bien se han hecho innumerables foros y reuniones, hasta ahora no se ha logrado que las propuestas de la ciudadanía permeen la negociación entre los partidos, lo que paradójicamente conduce a la debilidad de los negociadores. Para la mayoría de la población, los términos de la reforma a la Constitución federal que abrirían el camino a la Constitución de la ciudad de México le son ajenos, pues no se les ha dado una amplia difusión, como si el secretismo les confiriera mayor factibilidad.

Quienes mediante las organizaciones ciudadanas han tratado de participar en la discusión tienen tres demandas fundamentales: 1) que la Constitución de la ciudad se oriente de manera efectiva, no sólo enunciativa, por los derechos humanos, atravesando con ellos todos los aspectos de la vida pública, para lo cual se requiere que la reforma a la Constitución federal ya contenga de origen este lineamiento. 2) Que el proceso de formulación de la Constitución de la ciudad sea hecho de manera participativa, con los aportes de todos los sectores de la sociedad, y no sólo por los representantes de los partidos. Y 3) que el acto final de aprobación de la Constitución sea hecho con un referéndum constituyente por quienes nos constituiremos en comunidad política, es decir, por la ciudadanía, en el que todos podamos ser los sancionadores del texto que rija nuestra convivencia. Si esto no quedara incorporado de origen en la reforma a la Constitución federal, será muy difícil que en el proceso de formulación de la Constitución de la ciudad se pueda alcanzar.

Lo valioso de una Constitución para la ciudad de México es que contribuya de manera real a innovar para el mejoramiento de su vida pública. Lo contrario, mantener inercialmente la situación actual, sólo provocará el desinterés ciudadano. Desafortunadamente, en lo que actualmente se conoce como avances de la negociación entre la clase política, hay indicios preocupantes de que más bien es la inercia la que tiende a imponerse. Veamos algunos de ellos. Una pretensión es que no se cree un congreso constituyente, sino que se haga una suerte de habilitación a la Asamblea Legislativa, lo que plantearía dos situaciones igualmente absurdas: o bien que ésta legislara por la mañana y elaborara por la tarde la Constitución, como si fuera una tarea más, o que se reduzca tal vez su actuación a sólo aprobar el texto que le fuera enviado.

Y en este sentido va la segunda preocupación, pues se pretende que la propuesta del texto constitucional sea elaborado sólo por el jefe de gobierno. Hay dudas fundadas entre las organizaciones civiles de que reducir la autonomía de un órgano constituyente, por tener que partir de la propuesta enviada por el ejecutivo local, limite, en vez de ensanchar, la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Para nadie es un secreto que durante este gobierno, en vez de fortalecerse, se han debilitado los órganos autónomos, con su injerencia en el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por ejemplo. Y que en vez de propiciar la participación ciudadana, también se le limita, como lo ejemplifica el hecho de que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, que tanto entusiasmo y participación suscitó, esté por perderse entre los laberintos de la burocracia y la indolencia de las finanzas.

Genera igualmente preocupación que trate de silenciar la crítica autorizada a sus políticas, como ha sucedido con una institución que en pocos años ganó un gran prestigio, el Consejo de Evaluación del Distrito Federal (EvalúaDF), el cual, desde que inició la actual gestión, ha sido objeto de toda suerte de obstrucciones, lo que llevó a que dos terceras partes de sus consejeros ciudadanos renunciaran para no hacerse cómplices de la reducción asistencialista de la política social y denunciaran abiertamente el escaso interés del GDF en la evaluación. Consistente con las dos preocupaciones anteriores, es la que vendría a consolidar el triunfo de la inercia. Se pretende una formulación al vapor de la Constitución de la ciudad de México, al otorgarle al constituyente sólo tres meses para analizar y votar la propuesta del jefe de gobierno, sin tener tiempo para recabar la opinión de los habitantes de la ciudad y de otros actores, más allá de los partidos políticos. Hay intelectuales, dirigentes sociales y organizaciones civiles con una vasta capacidad y experiencia, que en mucho podrían contribuir a que la ciudad de México sea la ciudad de los derechos humanos y de la participación ciudadana. Para ello sólo bastarían algunos ajustes, mínimos en su extensión, profundos en su alcance, a la propuesta que actualmente se debate.

 http://www.jornada.unam.mx/2014/04/19/opinion/020a1pol

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