domingo, 27 de abril de 2014

Impune saqueo de fondos en el DF


 Impune saqueo de fondos en el DF




  Opinión de
  (Carlos Ferreyra)


Impune saqueo de fondos en el DF
Carlos Ferreyra


Tanto la Contraloría del GDF como las más altas autoridades judiciales capitalinas confiesan no tener ni la más remota idea del caminito que siguieron esos fondos.
En el colmo de los descaros, el gobierno capitalino decidió proteger a los que se birlaron casi 500 millones de pesos que el gobierno federal aportó en 2011 para la Línea 12 del Metro, la ridículamente titulada Línea Dorada o Línea del Bicentenario, la joya de la administración de Marcelo Ebrard, uno de los gobernantes más oscuros del México actual en el manejo de fondos públicos.

Miguel Ángel Mancera, convertido en el ángel de la guarda de su antecesor, permitió —si no es que ordenó— la interposición de un recurso legal que no es sino una chicanada para impedir que se averigüe el destino de esos dineros, de los que tanto la Contraloría del GDF como las más altas autoridades judiciales capitalinas confiesan no tener ni la más remota idea del caminito que siguieron esos fondos. También anuncian que no están dispuestas a abrir una investigación al respecto.

Sólo que como el dinero es de los contribuyentes y fue asignado con fines determinados por el gobierno nacional, entonces corresponde a la Federación hacerse cargo de toda investigación y castigar, en su caso, a quienes hayan desviado los recursos. En el centro, como en todo el asunto de la Línea 12, aparece el nombre de Marcelo Ebrard, quien debió ser sometido a una vigilancia cuidadosa en su comportamiento público a partir de la venta de calles a empresas comerciales, de parques para la colocación de estatuas para dignatarios extranjeros y de la concesión de bicicletas, estacionómetros y vías elevadas de circulación rápida. Tampoco se conoce el camino de esos recursos.

Cuando gobernaba Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los ocultamientos del uso del presupuesto de la ciudad de México. En los segundos pisos del Periférico se decidió, así nomás por su puros pantalones, reservar la información durante doce años del costo de las obras, las empresas beneficiadas y todo lo relativo a la aplicación del dinero.

Siguió la ahora convencida peñanietista Rosario Robles, que hizo un gran cochinito de la mano de su amigo personal, el contratista más favorecido de la capital, Carlos Ahumada Kurtz, la que después de un par de ridículos, como la denuncia de espionaje en las oficinas que ocupaba en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento (con cámaras descompuestas y sin conexión alguna), fue expulsada de su partido y marginada de toda acción política.

Hasta que la rescató Enrique Peña Nieto, que le dio la mejor posición del gabinete: el reparto de alimentos —así sean patrocinados por Pepsi Cola y por Gansito Marinela—, tarea en la que gastó, de entrada, diez millones de pesos para anunciar urbe et orbe el inicio del programa contra el hambre.

De regreso a la Línea 12, en los próximos días está prevista una reunión-careo de los constructores con supuestos especialistas en la materia tanto de la UNAM como del IPN. Discutirán la responsabilidad que les compete y que los empresarios niegan bajo el criterio de que acataron el programa impuesto por las autoridades. Para interpretarlos, habrá que aceptar que si una persona decide construir una vivienda, y se le ocurre un determinado elemento, quienes estén a cargo de la obra deberán advertir si hay riesgo en el material que se propone, o en la colocación de ese elemento. O excusarse.

Para el caso y si se aceptan los argumentos de los constructores, hubiese sido más económico contratar albañiles en las rejas de la Catedral. Y en un descuido, hasta más seguro.

Quienes conocen el programa de careos aseguran que la presencia del secretario de Obras del DF, Alfredo Hernández, especialista en túneles y del director de Mantenimiento del Metro, Martín Esquivel, pondrá en su lugar a los empresarios que no sólo rechazan toda responsabilidad, sino que pretenden hacerse cargo de la corrección de las obras, pero mediante el pago, de entrada, de mil 700 millones de pesos.

Hay más respecto de los 500 millones que reclama el gobierno federal. Corresponden al ejercicio fiscal del 2011, y a la fecha la Secretaría de la Función Pública no ha informado de los aportes federales de los años siguientes, ni los anteriores de 2008 y 2009. Se trata de diez mil millones de pesos en total entregados a Marcelo Ebrard.

Como el asunto, hasta ahora, permanece en el ámbito de la Contraloría capitalina, no se han ventilado las responsabilidades del anterior jefe de gobierno y opinan funcionarios de la administración mancerista, no se abrirán expedientes contra Ebrard garantizándole total impunidad.

Un buen principio sería conocer los recursos personales y familiares del frustrado aspirante presidencial y fallido pretendiente al liderazgo del PRD. Probablemente esta protección previene embestidas futuras, cuando los actuales mandamases dejen en poder. Así vamos y así seguimos…

 http://www.cronica.com.mx/notas/2014/830162.html

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